Se ha actuado violentamente contra sacerdotes, hermanos, religiosas, cuya presunta culpabilidad  no ha sido probada. Se ha tirado por la borda un principio fundamental, tanto del derecho civil como del canónico: la prescripción por la que se excluyen acusaciones obsoletas presentadas después de 20 ó 30 años de los presuntos delitos. En general, los acusadores carecen de testigos, pruebas, evidencias, que respaldarían sus casos. Aparte de la falta de credibilidad de muchos de ellos: convictos delincuentes, mentirosos, drogadictos e incluso dementes.

Lamentablemente se ha optado por recibir con beneplácito las infundadas acusaciones y condenar al servidor de la Iglesia al ostracismo, la deshonra e incluso la expulsión... leer